La secretaria que se transfirió a su cuenta miles de euros de depósitos trabajó en varios juzgados

La secretaria judicial que ha reconocido haberse apoderado de miles de euros de depósitos en Córdoba no solo era la titular de un juzgado, sino que también hizo sustituciones en otros, por lo que la investigación que se está llevando a cabo tendrá que dilucidar cuántos son los órganos afectados por este delito.

La investigación de los hechos está en un estadio incipiente y una auditoría determinará, por un lado, cuántos juzgados se han visto perjudicados, así como las personas damnificadas. La Fiscalía de Córdoba tuvo conocimiento de los hechos después de iniciarse la investigación a finales de abril. La causa se remonta a principios de febrero de este año, cuando una abogada aportó una cantidad como responsabilidad civil en un procedimiento y al acordarse la entrega del dinero, no llegó, de modo que la letrada preguntó por la demora y, tras esto, trascendió la presunta apropiación.

Fue entonces cuando la Fiscalía denunció los hechos y la trabajadora los reconoció, además de mostrar su arrepentimiento. Pese a esa confesión, que podría ayudarle a conseguir una condena más benévola, el procedimiento sigue su curso. La instrucción determinará así cuántos juzgados y personas se han visto afectados, cuánto es el dinero que la secretaria se habría transferido a su cuenta -el Ministerio Público cifra la cantidad en más de 200.000 euros- y dónde están dichas cantidades.

Una vez determinado todo ello, se establecerá qué delito es el más adecuado para estos hechos: si una malversación de caudales públicos o una administración desleal, según estas furentes jurídicas. Este procedimiento podrá culminar con un acuerdo entre las partes o la celebración de un juicio.

Una cuestión clave será el pago de las indemnizaciones, que corresponde a quienes cometen los hechos. No obstante, dado que los profesionales en puestos públicos cuentan con un seguro de responsabilidad civil y los hechos ocurrieron durante el desarrollo del trabajo de esta secretaria judicial, la compañía de seguros deberá intervenir.

Estos seguros están diseñados para responder por los daños, ya sean causados dolosamente, es decir, cuando hay mala fe, o culposamente, cuando los hechos se producen por imprudencia y sin intención de resultar lesivo. En caso de que la compañía de seguros no responda, tendrá que hacerlo el empleador, ya sea la Consejería de Justicia o el Ministerio de Justicia.